Estados Unidos: Pocos avances en los persistentes desafíos de derechos humano

Las desigualdades raciales y económicas frenan las mejoras sistémicas

(Washington, DC, 11 de enero de 2024) – El gobierno de Estados Unidos adoptó importantes políticas respetuosas de los derechos en 2023, pero éstas no lograron revertir el deterioro general de la situación de los derechos humanos en el país, señaló hoy Human Rights Watch en la publicación de su Informe Mundial 2024.

“El gobierno de Estados Unidos avanzó en algunas cuestiones de derechos humanos, pero es necesario un compromiso más fuerte con la justicia racial, la justicia económica y los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo”, dijo Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “La democracia enfrenta amenazas importantes, muchas muertes de migrantes en la frontera sur son evitables y las comunidades negras y de color aún padecen un racismo sistémico”.

La 34.a edición del Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch, de 740 páginas, analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En el ensayo introductorio, la directora ejecutiva Tirana Hassan señala que 2023 fue un año con fuertes implicancias no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino además por el ejercicio de la diplomacia transaccional y la indignación selectiva que manifestaron algunos gobiernos, lo cual conllevó costos profundos para los derechos de quienes se encontraban fuera de estos acuerdos. Pero señala que también hubo destellos de esperanza, que muestran que es posible un camino diferente, e insta a los gobiernos a respetar de manera congruente sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió varias decisiones destinadas a proteger los derechos de voto. Sin embargo, los legisladores de todo el país siguieron intentando imponer restricciones al acceso de los votantes. También continuaron socavando la democracia mediante la prohibición de ciertos libros y la censura de conversaciones académicas sobre raza, historia, orientación sexual y género.

Muchos estados de EE.UU. introdujeron o aprobaron leyes que restringen el acceso a la atención reproductiva y menoscaban los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).

Las políticas estadounidenses no lograron abordar cuestiones sistémicas de derechos humanos, lo que subraya la necesidad de reformas integrales. Después de dos años de reducciones históricas de la pobreza, debido a la ampliación de los programas de protección social en respuesta a la pandemia de Covid-19, la tasa de pobreza aumentó luego de que el gobierno federal pusiera fin a los programas de apoyo como el crédito tributario ampliado por hijos. La tasa de Medición Suplementaria de la Pobreza de EE.UU. aumentó drásticamente, del 7,8 % en 2021 al 12,4 % en 2022. El aumento de las tasas de pobreza también exacerbó la desigualdad económica y la brecha de riqueza racial.

A pesar de algunas reducciones en las tasas de encarcelamiento de la población negra, este grupo sigue estando muy sobrerrepresentado en las cárceles y prisiones del país. Esta tendencia persiste a medida que los llamados generalizados para reducir el exceso de vigilancia policial en las comunidades a través de inversiones en necesidades de salud y seguridad se vieron eclipsados por las demandas de mayor financiamiento policial y el retroceso de iniciativas de reforma anteriores.

A finales de 2021, la ley H.R. 40, un proyecto para estudiar posibles reparaciones por la esclavitud, se estancó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En 2023, la representante Sheila Jackson-Lee de Texas reintrodujo la H.R. 40 en el 118º Congreso, pero no logró avances. En mayo, la representante Cori Bush de Missouri presentó una [nueva resolución](https://bush.house.gov/media/press-releases/congresswoman-bush-introduces-legislation-urging-federal-reparations#:~:text=Washington%20D.C.%20(May%2018%2C%202023,forms%20those%20reparations%20should%20take.) para estudiar y hacer recomendaciones sobre indemnizaciones, pero no obtuvo audiencia.

Bajo la dura política de expulsión sumaria conocida como Título 42, el gobierno del presidente Joe Biden rechazó a más de 2,3 millones de migrantes sin examinar sus necesidades de asilo. En junio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, intensificó su brutal programa de vigilancia fronteriza “Operación Lone Star”, instalando en la frontera alambre de púas y grandes boyas flotantes y sierras circulares en el río Grande y alrededores para impedir los cruces. Según medios de comunicación, las fuerzas del orden estatales habrían recibido órdenes de empujar a los solicitantes de asilo, niñas y niños incluidos, que intentaban cruzar de vuelta al río.

El historial del gobierno de Biden en materia de derechos humanos en su política exterior fue ambivalente. Buscó la rendición de cuentas en el extranjero imponiendo sanciones selectivas a violadores de derechos humanos en Sudán, Haití y Rusia. También comenzó a compartir pruebas de crímenes internacionales en Ucrania con la Corte Penal Internacional. La administración también implementó nuevas políticas para reducir el daño civil causado por las fuerzas militares estadounidenses.

Sin embargo, sus transferencias de armas a Israel durante las hostilidades en Gaza violaron las políticas estadounidenses que condicionan la ayuda militar a garantizar que los aliados respeten el derecho internacional. El gobierno no tomó medidas para promover la rendición de cuentas en Etiopía a pesar de su determinación formal de que se cometieron crímenes de guerra durante los combates allí. En junio, Biden honró al primer ministro de India con una cena de Estado a pesar de las crecientes violaciones de derechos humanos cometidas por el partido gobernante y sus partidarios.